La comisión
parlamentaria de investigación de los ERE, a la que el PSOE se opuso
pertinazmente en la pasada legislatura, y que se ha visto forzado a aceptar
ahora a regañadientes en virtud de los resultados electorales, lleva el camino
de acabar, como siempre ocurre en estos casos cuando andan por medio los
trileros de la política, en una engañifa.
Para empezar, la Junta ya ha expresado su oposición a
la comparecencia en la comisión de Chaves y de Griñán. Ha dicho la sra.
consejera de Presidencia, Dª Susana Díaz, que no hay motivo alguno para
ello porque el informe de la Guardia Civil recientemente conocido que apunta a
sus responsabilidades está lleno de falsedades y suposiciones –respeto institucional por la
investigación policial se llama esto- y porque, insiste, los
miembros del Consejo de Gobierno no han tenido nunca conocimiento de las
posibles irregularidades cometidas.
Estas justificaciones demuestran que o bien Dª Susana es una total
ignorante en cuestiones de delimitación de las responsabilidades penales y
políticas, o bien que nos toma a los demás por analfabetos en la materia.
Verá, Dª Susana, yo por si acaso se lo
voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, porque es que esto está en el catón de lo que es un sistema democrático y de separación de poderes. El valor
inculpatorio que tenga el referido informe de la Guardia Civil lo
determinará la juez que está instruyendo la causa criminal, a la que
usted de momento ya está intentando condicionar indebidamente con sus
manifestaciones. Si aprecia indicios racionales de que los sres Griñán o
Chaves tuvieran conocimiento de los fraudes que se estaban cometiendo,
proseguirá los trámites para su imputación penal, y si no, los dejará en paz.
Pero la comisión parlamentaria tiene otro objetivo, que es dirimir las
responsabilidades políticas (que pueden ir unidas a las penales, o no). Y si
es, como usted dice, cierto que ni Griñan ni Chaves tuvieran conocimiento
de lo que se estaba manejando ante sus narices, podrán no tener
responsabilidades penales, pero políticamente tendrán que dar explicaciones
acerca de cómo es posible que haya un ex consejero y un ex director general de
la Junta en la cárcel, y ellos, como presidente o como consejero de Hacienda,
no tuvieran noticia alguna del asunto. Motivo por el cual su comparecencia en
la susodicha comisión está plenamente justificado. Es más, es que a estas
alturas de la película es lo único importante que queda por despejar, ya que
todo lo demás se ha ido conociendo gracias a la labor de la juez Alaya.
¿O es que vamos a empezar ahora a investigar si hubo o no infiltrados, o
si se saltaron o no los controles para la concesión de ayudas, o cuál fue el
destino indecente de algunas de ellas?
¿Lo
entiende, Dª Susana? La responsabilidad penal, al Juzgado. La
responsabilidad política, al Parlamento.
A
ver, Dª Susana, la “m” con la “a” “ma”, la “m” con la “e” “me”….
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