EDUCACIÓN O TELEVISIÓN. ESA ES LA CUESTIÓN

El Gobierno de la nación aprobó el pasado viernes un real decreto-ley, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por el que se adoptan una serie de medidas, entre otras, la de posibilitar a las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias, algunas modificaciones con trascendencia presupuestaria, como el aumento de horas lectivas del personal docente  o el incremento de la ratio de alumnos por clase, en determinados supuestos. Conviene resaltar, como queda dicho, que el gobierno central no impone estas medidas de forma obligatoria, sino que la norma aprobada  simplemente permite su adopción a las comunidades que lo estimen oportuno y necesario a fin de contribuir a la consecución de la reducción del déficit, objetivo este que sí que es de obligado cumplimento.

El Consejero de Educación en funciones de la Junta, cumpliendo fielmente el papel asumido por el ejecutivo andaluz en la nueva situación política, salió rápidamente a la palestra para denunciar que la adopción de estas medidas en Andalucía supondría el “despido” de unos 4.800 profesores interinos. Entrecomillo despido porque nunca lo es la no renovación de unos contratos que por definición son temporales. En todo caso, este señor, o está peleado con los números, o hace milagros con ellos, porque la semana anterior había dicho que el recorte afectaría a más de 13.000. Hablar con rigor se llama esto.

De lo que no habla el señor Álvarez de la Chica (que no es  la de Ipanema) es de que en el mismo Consejo de Ministros se aprobó también la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica. Hablando en plata, esta ley lo que permitirá es que las autonomías se deshagan, mediante diversas fórmulas, de sus ruinosas cadenas de televisión pública. En el caso de Andalucía, Canal Sur (la suya) nos cuesta a los andaluces cada año una millonada para tener la caja tonta más tonta que se haya visto nunca, financiada con dinero público.

Por lo tanto, si el consejero no quiere prescindir de tantos profesores, cosa que me parece muy bien, tiene la opción de convencer a sus compañeros de partido y de gobierno para que privaticen RTVA, en todo o en parte, y así recortar el déficit por esa vía, en lugar de hacerlo por la de la educación. Es decir, desprenderse de lo superfluo para atender a lo fundamental. ¿Será esta la solución que finalmente se adopte? Se admiten apuestas.

COPAGO, REPAGO, IMPAGO

Mucho se habló en los últimos tiempos sobre el copago sanitario. Que si sí, que si no. Que si está sobre la mesa, que si está bajo la cama. Entre globos sondas por aquí y amagos por allá, al final el Gobierno se decidió, de momento,  por introducir determinadas variaciones en el copago farmacéutico, que ya existía, aunque  vinculado a la edad en lugar de a la renta, para intentar reequilibrar las desequilibradas cuentas de nuestro sistema de sanidad pública. Hay quienes a esto más que copago  prefieren llamarlo repago porque, dicen, pagar ya pagamos los ciudadanos las medicinas a través de los impuestos. ¡O sea, que van a tener razón aquellos que dicen que “nada es gratis”!. Pero  polemizar sobre la mayor adecuación de uno u otro término me parece que no lleva a ninguna parte, y tal como está la situación ya son ganas.

Sea como fuere, a la Consejera de Sanidad en funciones de la Junta de Andalucía  le ha faltado tiempo para mostrar  su más rotunda oposición a esta medida. Digo yo que a esta y a cualquier otra que se hubiera planteado, porque ya se sabe que el nuevo papel del Gobierno andaluz es el de hacer oposición al central. Con la vehemencia que le caracteriza, la sra. Montero (Mª Jesús, no Lola ni Mariló) ha imputado todo tipo de iniquidades y efectos perversos a la propuesta del Ministerio, de la que llega a decir que es nada menos que “el inicio y la antesala del desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud”. También se ha opuesto, como es lógico, a integrarse en la central de compras, que supondría una mejora de la gestión de los suministros sanitarios y el consiguiente ahorro de costes.  "Hay otras alternativas posibles" ha dicho, pero no las ha concretado.

Los que conocen la realidad de la sanidad andaluza, sin embargo, pueden entrever cuáles son esas “alternativas”. Las deudas de la comunidad con farmacéuticos, que han tenido que pedir préstamos para sobrevivir, con laboratorios -reclaman 1.348 millones de euros- o  con las empresas de Tecnología Sanitaria – estimable en unos 1.150 millones- no hacen más que aumentar. Según fuentes del Partido Popular, que cita porandalucialibre.es,  la deuda del SAS puede superar el 50% del presupuesto de la Consejería para 2012, que es de 9.300 millones de euros, siendo escandaloso el importe de las facturas "guardadas en los cajones".

Por consiguiente, queda claro que la consejera no quiere ni copago ni repago. Ni sanitario, ni farmacéutico. Ni pensionistas, ni parados. Ni menores acompañados, ni militares sin graduación de uniforme. Ella tiene una receta, médica por supuesto, mucho más simple y más barata. Su alternativa al copago o al repago es… el impago. Y echarle mucha cara al asunto.

REPENSAR EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS

El dulce ZP –¿os acordáis de  “Bambi”?-, con su buen rollito progre,  su talante  y demás simplezas  varias, nos quiso hacer creer que saldríamos de la crisis sin dolor. Para mitigarlo estaba él, y los recursos públicos que se presentaban supuestamente como ilimitados, no se sabe  si por aquello de su desconocimiento de las cuestiones económicas, o sencillamente porque a él poco le importaba engañar de forma miserable al personal. De ahí que ahora a la gente le cueste más trabajo admitir el trago de la amarga medicina que la cruda realidad de la crisis, despojada ya de brotes verdes y eufemismos varios para camuflarla, impone para su curación.  Nadie quiere que le rebajen el sueldo, nadie quiere el copago sanitario, nadie el recorte en educación, nadie que le suban los impuestos, nadie que se reduzcan las inversiones en I+D o en infraestructuras…. El problema sin embargo es de tal envergadura que será difícil salir de él si no es pasando por todas y cada una de esas desagradables medidas.

La semana que termina ha sido durísima desde el punto de vista de los indicadores económicos. Y ante la falta aparente de efecto de las medidas ya adoptadas, dos damas de la política han puesto el dedo en la llaga de uno de los principales problemas de nuestras cuentas públicas. Esperanza Aguirre ha defendido que con la devolución de competencias autonómicas en materias como la sanidad, la educación y la justicia -¿qué razón hay para que estos servicios se presten de forma diferente en cada comunidad?- se podrían ahorrar hasta 48.000.000.000.-€. Por su parte  Rosa Díez ha advertido un hecho insoslayable: las autonomías, por el camino que van, corren el riesgo de acabar siendo intervenidas, bien por el gobierno de la nación, bien por Bruselas, lo cual supone, en cualquier caso,  perder su status actual.

Ante esto, el presidente Rajoy ha expresado su falta de disposición siquiera a debatir la revisión del modelo autonómico, argumentando para ello que es lo que establece la Constitución, aprobada por los españoles.

Haría bien el sr. Rajoy en replantearse esta postura. En primer lugar porque lo que dice la Constitución no necesariamente tiene que traducirse en el modelo actual. Las autonomías no tienen por qué ser reproducciones de estados en pequeñito, más propios de opereta vienesa que de la administración austera y eficaz que requiere una economía competitiva. En segundo lugar, porque pienso que por lo que a la voluntad de los españoles respecta, a diferencia de lo que ocurre con  los recortes antes relacionados, creo que pocos se opondrían  a un redimensionamiento y modificación sustancial de un modelo autonómico. Si hoy se preguntara a los españoles si están dispuestos a mantener el estado autonómico aún a costa de pagar los impuestos más altos de Europa, al tiempo que reciben unos servicios deficientes, la respuesta podría oírse en las antípodas. Pienso que la mayoría de los ciudadanos lo que queremos es que los servicios públicos, necesarios para el desarrollo de una sociedad moderna,  sean buenos y tengan un coste razonable; nos da igual que la administración que los preste sea nacional, autonómica o local. Si esto requiere reducir –nadie ha hablado de eliminar por completo- la administración autonómica, hágase. Y los políticos que han encontrado sustento en sus engordados presupuestos,  que  busquen acomodo, como ha dicho Aguirre,  en otras ocupaciones.

HACIENDA RECTIFICA

Tras la publicación de mi entrada en el blog de ayer, aunque sinceramente no creo que por efecto de la misma, se difundió la noticia de la rectificación de la Agencia Tributaria en el sentido de que  

“ante las  dificultades de acceso a la sede electrónica provocadas por la fuerte demanda de los servicios de asistencia puestos a disposición de los ciudadanos en la Campaña de Renta 2011, se están tramitando las modificaciones normativas precisas para prorrogar dos días el próximo plazo de presentación de declaraciones con domiciliación bancaria del pago.”

La medida afectará a los modelos de declaración más importantes, (que se relacionan en este enlace), cuyo próximo plazo de presentación con domiciliación bancaria se prorrogará del 15 de abril al 17 de abril de 2012. (De momento no se dice nada de la ampliación del plazo ordinario del día 20).

Al mismo tiempo, dice la nota,  se continúan tomando medidas para garantizar el normal acceso a todos los servicios de la sede electrónica y, en particular, a la presentación de las declaraciones. La Agencia dice además lamentar profundamente los inconvenientes que esta situación está generando.

Bien está, de momento, esta medida y al menos nos deja abierta una puerta a la posibilidad de otra forma de entender las relaciones con los administrados. Cuando es la administración la que se equivoca, tiene que corregir y asumir sus errores, igual que nos lo exige cuando nos equivocamos nosotros. 

HACIENDA "ACOLASÁ"

El Ministerio de Hacienda, capitaneado a la sazón por el popular  Cristóbal Montoro, ha tenido la feliz idea de iniciar la campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del pasado ejercicio, el día 10 de abril, anunciando a bombo y platillo que a partir de esa fecha los contribuyentes podían comenzar a pedir, a través de Internet, las devoluciones correspondientes mediante la confirmación, en su caso, del borrador de la declaración elaborada al efecto por la administración.

La comunicación, esta vez sí, ha funcionado a las mil maravillas y el éxito obtenido ha sido tal que miles de ciudadanos han acudido raudos a pedir que les devuelvan sus dineros,  de manera que se han batido todos los records precedentes y  la página web de la Agencia Tributaria  ha llegado a colapsarse y lleva tres días con un funcionamiento más que deficiente.

Esto sería casi anecdótico si no fuera porque en estos días, y hasta el 15 en unos casos o el 20 en otros de este mismo mes de abril, miles de empresas y profesionales estamos obligados a presentar las declaraciones correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso que, para el que no lo sepa, son un porrón, según puede comprobarse en el Calendario del Contribuyente. Estas declaraciones, en el caso de sociedades de capital, es obligatorio presentarlas por Internet, por aquello de ahorrarles trabajo a los señores funcionarios. Pero esto está resultando poco menos que imposible, debido al citado colapso que se prolonga por tres días, en uno de los periodos del año de mayor actividad en este aspecto.

En nuestra desesperación, compartida con otros muchos compañeros que profesionalmente nos dedicamos a estos menesteres,  en mi despacho hemos llamado a la Agencia para saber si dada la práctica  imposibilidad de presentar las declaraciones se iba a ampliar el plazo o arbitrar alguna otra solución. La respuesta: no. Con lo cual, supongo, que tendremos esta semana que trabajar de madrugada, a ver si en esas horas hay menos tráfico en la red.

Este es un lamentable ejemplo, uno más, de cómo las administraciones públicas, no sólo las tributarias y sean del color que sean, nos tratan a los españoles más como a súbditos que como a ciudadanos. No les basta con apabullarnos cada vez más con el cumplimiento de obligaciones formales sin cuento para su mayor comodidad -algún día alguien tendrá que evaluar el coste que para las empresas tiene su constante aumento, que no parece tener fin-  sino que se desentienden por completo de los problemas que ellos mismos generan, largándonos a los demás la carga de arreglárnoslas como podamos, pues no tenemos otra opción.

Por eso yo, por lo general, cuando alguien me habla de las bondades de “lo público” y pretende venderme las políticas que tienden a engordar el  Estado como única garantía de no sé qué derechos, tiendo mayormente a atizarle con una cachiporra (en sentido figurado, como es lógico).