Una
de las leyendas urbanas más extendidas entre la desorientada opinión
pública española es la de que desde que se retomó la democracia en
nuestro país, cada gobierno ha impuesto su modelo educativo de forma
que la educación en España viene dando continuamente bandazos a
diestra y siniestra desde hace décadas, sin encontrar un camino
cierto. Hasta a gente que suponía mejor informada, como el filósofo
Fernando Savater, le he leído en los últimos días decir algo de
esto.
Nada
más lejos de la realidad. La primera ley educativa gestada en
democracia fue la LOECE en 1980, impulsada por UCD. Pero determinados
problemas de constitucionalidad denunciados por el PSOE y el
posterior acceso al Gobierno de este partido hicieron que la ley no
entrase nunca en vigor. La formación política liderada entonces por Felipe
González impulsó primero la LODE,
(1985), luego la LOGSE (1990),
que supuso el fin de la hasta entonces vigente LGE de 1970, y por
último la
LOPEG (1995). Los estragos que la segunda y más importante de estas
normas ha causado en la calidad de la enseñanza en España son
sobradamente conocidos. Una generación entera de españoles puede
considerarse víctima de la LOGSE. Para
corregirlos, el PP, en el segundo gobierno de José María Aznar (ya
tardó), aprobó la LOCE en 2002, pero la llegada al poder de Zapatero
volvió a impedir su aplicación, como ocurriera con la de la UCD.
En 2006 se aprobó una nueva ley, la LOE. Esta, del PSOE como se
sabe, por supuesto que sí entró en vigor y es la que ha regido
hasta ahora, a expensas de lo que ocurra definitivamente con la LOMCE, aprobada en la anterior legislatura (2013), pero pendiente de aplicación. Es decir, que desde
que se instauró el régimen constitucional de 1978, las únicas
leyes aprobadas en democracia que han regulado la educación en
España han sido leyes socialistas.
Cuando
Mariano Rajoy accedió a la presidencia del Gobierno, aupado por una
notable mayoría absoluta obtenida en las urnas para encarrilar el
desastre en todos los sentidos a que el zapaterismo había llevado al
país, una de las decisiones que más me sorprendió es que se
nombrase ministro de Educación a un independiente, José Ignacio
Wert, como si en el Partido Popular no hubiese gente solvente y con
las ideas claras acerca de qué hacer en este campo. Así, el sr Wert
acometió a su aire una de las pocas reformas no económicas
emprendidas por el Gobierno en la anterior legislatura, y sacó
adelante la LOMCE, contra una oposición generalizada. Quiero decir
con esto que aunque el partido, sumiso como siempre, defendió como
suya la reforma, era más bien la reforma del Gobierno, liderada por
un señor independiente. Quizá con ello Rajoy pretendió
precisamente desideologizar el asunto, vano empeño cuando se tiene
enfrente a todo el aparato de la izquierda que pretende que la
educación sea un coto privado suyo y sólo suyo.
En
la situación actual, la LOMCE va canino de ser de nuevo una ley non
nata. Con el nuevo Gobierno en minoría, se habló primero de
rectificar algunos de sus puntos. Ahora ya abiertamente de derogarla
y hacer una nueva consensuada. A mi me parece muy bien que se busque
el consenso. Lo que me preocupa, y así me temo que ocurrirá, es que
ese consenso se consiga sólo a base de ceder frente a los que más
gritan, y el resultado sea de nuevo una ley de educación no del
consenso sino de la izquierda. Mi confianza a ese respecto en Mariano
Rajoy es prácticamente nula.