El señor Griñán se pasó la campaña electoral
criticando la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, imputándole toda
clase de maldades, y aplicándole todo tipo de descalificaciones. Contó en esta
tarea con la impagable (?) colaboración de sus sindicatos satélites, que
hicieron su labor de agitación y propaganda en los centros de trabajo con la
escusa de la huelga general convocada, no por casualidad, para sólo unos días después
de las elecciones. Por su parte IU hizo lo propio, si acaso corregido y
aumentado, y hasta hace unos días el señor Valderas alardeaba de que la reforma
laboral no se aplicaría en Andalucía (por parte de la administración pública,
se entiende).
Recordemos que la reforma,
entre otras cosas, facilita que las empresas, por causas económicas,
tecnológicas, organizativas o de producción,
tomen determinadas decisiones de ajuste como reducciones salariales o la
modificación de la jornada de trabajo.
Ahora resulta que el
bipartito encabezado por los señores Griñan y Valderas lo que va a hacer para
reducir el déficit, aparte de subir los impuestos a todo quisqui, es bajar el sueldo a los empleados públicos de
la Junta (hasta un 7% o más), al tiempo que les sube la jornada a unos (7%),
mientras que a otros les aplicará una reducción de jornada y correlativa de
salario nada menos que del 15%. Esto es, en suma, una aplicación salvaje
de la reforma laboral tan criticada, que en cualquier otra circunstancia
hubiera sido recibida de forma furibunda por los sindicatos “de clase”. Un
“reformazo” en toda regla, que sin embargo ahora parece contar con la
comprensión de quienes dejaron hace tiempo de defender los intereses de los
trabajadores para convertirse en simples peones del juego político al servicio
de sus señoritos.
Si no fuera porque los
conocemos ya de sobra, nos resultaría sorprendente que Griñán y Valderas nieguen a los empresarios la
posibilidad de hacer, cuando las circunstancias lo exijan, lo mismo que ellos
se aprestan a ejecutar con los sufridos empleados públicos andaluces. Si lo
hacen las empresas es un ataque brutal y un atropello de los derechos de los
trabajadores. Si lo hacen ellos es que no hay más remedio que hacerlo. Y además
es "progresista".
Eso sí, no se toca ni un
ápice la estructura que permite el mantenimiento de más de 20.000 enchufados en
la Junta, que no se sabe siquiera qué ocupación tendrán, porque los tribunales están reiteradamente rechazando la posibilidad de que puedan asumir tareas reservadas a los funcionarios. Tampoco salen mal parados los altos cargos, a los
que, para escándalo de cualquiera que tenga un mínimo sentido del decoro, sólo se les
recorta el 5% de su retribución, cuando habrá funcionarios a los que llegue al
7%. Para esto no sirve el ejemplo de Hollande, que ha rebajado esas
retribuciones en un 30%.
Por lo demás queda al
descubierto la falacia de que haya otra salida a la crisis, ni que esta
se vaya a solucionar subiendo los impuestos a los ricos. Había que ser
muy ignorante para comprar esa mercancía, pero si aún quedaban ilusos supongo
que ya, de una vez, se habrán caído del
guindo. De la crisis no vamos a salir de otra forma que por la vía del ajuste,
que o lo hacemos nosotros o nos lo hacen. Y la vamos a pagar los que estamos
aquí y no podemos escaparnos ni de los unos ni de los otros. Todo lo demás que
se diga no es más que mentira y demagogia. Tanta que ya llega a un hartazgo más
allá de lo soportable, cuando además no dejan de meterte la mano en el bolsillo
por todas partes. Ya que parece que es inevitable que nos vayan asfixiando un
poco más cada día, que tengan al menos la bondad de hacerlo sin decir más tonterías.
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