CONTRA LA CLASE MEDIA

Hace unas semanas el expresidente del Gobierno y presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, alertaba sobre los peligros que acechan a la clase media en nuestro país en la situación de crisis que padecemos. El actual Gobierno de la nación, presidido ahora por su delfín Mariano Rajoy, parece sin embargo no hacerle mucho caso, o al menos su Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impulsor de una reforma legislativa que pretende extender e incrementar de manera desorbitada las tasas que los ciudadanos en general tendrán que abonar para acudir a los tribunales.

Las vigentes tasas judiciales vienen rigiendo desde el año 2003 para quienes promueven  la actividad de los tribunales, pero hasta ahora se contemplan importantes exenciones  tanto objetivas como subjetivas, entre las que se incluyen las de las personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y pequeñas y medianas empresas, las cuales desaparecerán a partir de enero.

La medida, que ha sido rechazada por la totalidad de los operadores jurídicos, supondrá, si nadie lo remedia, un notable encarecimiento de los procesos, que muchos ciudadanos no podrán afrontar. Cuando tanto se discute acerca de copagos sanitarios o sobre euros por receta, resulta sorprendente que se imponga  esta nueva forma de  repago sin excesivo revuelo. Porque si la sanidad es un pilar del Estado del bienestar, la justicia lo es del Estado de derecho. La tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución (art. 24),  y que sólo puede dispensar el Estado, pues aunque la justicia emana del pueblo (o al menos eso dice el art 117 CE), su administración se encomienda en exclusiva a uno de los poderes estatales, como es el judicial. La impartición de justicia es pues una de las funciones esenciales e irrenunciables del Estado. Sólo un poder del Estado, al que se atribuye el monopolio legítimo de la violencia (Max Webber), puede juzgar y hacer juzgar lo juzgado. Por lo tanto, si el Estado no emplea los recursos que nos extrae coactivamente en la Administración de Justicia ¿en qué los va a emplear? ¿en regalar ipads y smartphones a los diputados?

Pero si criticable es la medida, lo que más me fastidia es la lastimera justificación del ministro: se aumentan las tasas, dice, para garantizar la justicia gratuita, que es el derecho que se reconoce a los litigantes con insuficiencia de recursos (calcúlese con ingresos por debajo de unos 15.000,-€ anuales). Es decir, que en lo sucesivo, para litigar habrá que ser rico, y no importarte  por tanto el coste de los pleitos,  o ser pobre para que te designen abogado y procurador de oficio y te eximan del pago de todo tipo de tasas y depósitos. A la clase media no nos quedará otra que  o tomarnos la justicia por nuestra mano o la socorrida receta del ajo y agua.

Si necesitan dinero para la justicia gratuita, y la necesitarán, porque los abogados llevamos sin cobrar no sé cuánto tiempo, que  lo busquen en otra parte, pero que dejen de meternos la mano en el bolsillo a los de siempre. Si esto lo unimos a otras reformas que se han ido introduciendo en los últimos años, como la generalización de los depósitos para recurrir o la imposición de las costas en el orden contencioso-administrativo por criterio de vencimiento, nos encontramos con que en lo que más énfasis han puesto nuestros gobernantes para arreglar la alarmante  precariedad de medios de nuestra  Administración de Justicia es en poner cada vez más trabas a que los ciudadanos de a pie puedan acudir a ella. Esto sí que pone en riesgo el sistema, y no otras monsergas que se escuchan por ahí.