El Ministerio de Hacienda, capitaneado a la sazón por
el popular Cristóbal Montoro, ha tenido
la feliz idea de iniciar la campaña de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del pasado ejercicio, el día 10 de abril,
anunciando a bombo y platillo que a partir de esa fecha los contribuyentes podían
comenzar a pedir, a través de Internet, las devoluciones correspondientes
mediante la confirmación, en su caso, del borrador de la declaración elaborada
al efecto por la administración.
La comunicación, esta vez sí, ha funcionado a las mil
maravillas y el éxito obtenido ha sido tal que miles de ciudadanos han acudido raudos
a pedir que les devuelvan sus dineros, de manera que se han batido todos los records
precedentes y la página web de la
Agencia Tributaria ha llegado a
colapsarse y lleva tres días con un funcionamiento más que deficiente.
Esto sería casi anecdótico si no fuera porque en estos
días, y hasta el 15 en unos casos o el 20 en otros de este mismo mes de abril,
miles de empresas y profesionales estamos obligados a presentar las declaraciones
correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso que, para el que no
lo sepa, son un porrón, según puede comprobarse en el Calendario del Contribuyente. Estas declaraciones, en el caso de sociedades de capital, es
obligatorio presentarlas por Internet, por aquello de ahorrarles trabajo a los
señores funcionarios. Pero esto está resultando poco menos que imposible,
debido al citado colapso que se prolonga por tres días, en uno de los periodos del año de mayor actividad en
este aspecto.
En nuestra desesperación, compartida con otros muchos
compañeros que profesionalmente nos dedicamos a estos menesteres, en mi despacho hemos llamado
a la Agencia para saber si dada la práctica imposibilidad de presentar las declaraciones
se iba a ampliar el plazo o arbitrar alguna otra solución. La respuesta: no.
Con lo cual, supongo, que tendremos esta semana que trabajar de madrugada, a
ver si en esas horas hay menos tráfico en la red.
Este es un lamentable ejemplo, uno más, de cómo las
administraciones públicas, no sólo las tributarias y sean del color que
sean, nos tratan a los españoles más como a súbditos que como a ciudadanos. No
les basta con apabullarnos cada vez más con el cumplimiento de obligaciones
formales sin cuento para su mayor comodidad -algún día alguien tendrá que
evaluar el coste que para las empresas tiene su constante aumento, que no
parece tener fin- sino que se
desentienden por completo de los problemas que ellos mismos generan, largándonos
a los demás la carga de arreglárnoslas como podamos, pues no tenemos otra opción.
Por eso yo, por lo general, cuando alguien me habla de
las bondades de “lo público” y pretende venderme las políticas que tienden a
engordar el Estado como única garantía
de no sé qué derechos, tiendo mayormente a atizarle con una cachiporra (en
sentido figurado, como es lógico).
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