El Gobierno de la nación aprobó el pasado viernes un
real decreto-ley, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por el que se adoptan una serie de medidas,
entre otras, la de posibilitar a las Comunidades Autónomas, dentro de sus
competencias, algunas modificaciones con trascendencia presupuestaria, como el
aumento de horas lectivas del personal docente o el incremento de la ratio de alumnos por clase,
en determinados supuestos. Conviene resaltar, como queda dicho, que el gobierno
central no impone estas medidas de forma obligatoria, sino que la norma
aprobada simplemente permite su adopción
a las comunidades que lo estimen oportuno y necesario a fin de contribuir a la
consecución de la reducción del déficit, objetivo este que sí que es de
obligado cumplimento.
El Consejero de Educación en funciones de la Junta,
cumpliendo fielmente el papel asumido por el ejecutivo andaluz en la nueva
situación política, salió rápidamente a la palestra para denunciar que la
adopción de estas medidas en Andalucía supondría el “despido” de unos 4.800
profesores interinos. Entrecomillo despido porque nunca lo es la no
renovación de unos contratos que por definición son temporales. En todo caso,
este señor, o está peleado con los números, o hace milagros con ellos, porque
la semana anterior había dicho que el recorte afectaría a más de 13.000. Hablar
con rigor se llama esto.
De lo que no habla el señor Álvarez de la Chica (que
no es la de Ipanema) es de que en el
mismo Consejo de Ministros se aprobó también la remisión a las Cortes Generales
de un proyecto de ley de modificación de la Ley General de Comunicación
Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de
televisión autonómica. Hablando en plata, esta ley lo que permitirá es que las
autonomías se deshagan, mediante diversas fórmulas, de sus ruinosas cadenas de
televisión pública. En el caso de Andalucía, Canal Sur (la suya) nos cuesta a
los andaluces cada año una millonada para tener la caja tonta más tonta que se
haya visto nunca, financiada con dinero público.
Por lo tanto, si el consejero no quiere prescindir de
tantos profesores, cosa que me parece muy bien, tiene la opción de convencer a
sus compañeros de partido y de gobierno para que privaticen RTVA, en todo o en
parte, y así recortar el déficit por esa vía, en lugar de hacerlo por la de la
educación. Es decir, desprenderse de lo superfluo para atender a lo fundamental.
¿Será esta la solución que finalmente se adopte? Se admiten apuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario