Mucho se habló en los últimos tiempos sobre el copago sanitario. Que si sí, que si no.
Que si está sobre la mesa, que si está bajo la cama. Entre globos sondas por
aquí y amagos por allá, al final el Gobierno se decidió, de momento, por introducir determinadas variaciones en el copago farmacéutico, que ya existía,
aunque vinculado a la edad en lugar de a
la renta, para intentar reequilibrar las desequilibradas cuentas de nuestro
sistema de sanidad pública. Hay quienes a esto más que copago prefieren
llamarlo repago porque, dicen, pagar
ya pagamos los ciudadanos las medicinas a través de los impuestos. ¡O sea, que van
a tener razón aquellos que dicen que “nada es gratis”!. Pero polemizar sobre la mayor
adecuación de uno u otro término me parece que no lleva a ninguna parte, y tal
como está la situación ya son ganas.
Sea como fuere, a la Consejera de Sanidad en funciones de la Junta de Andalucía le ha
faltado tiempo para mostrar su más
rotunda oposición a esta medida. Digo yo que a esta y a cualquier otra que se
hubiera planteado, porque ya se sabe que el nuevo papel del Gobierno andaluz es
el de hacer oposición al central. Con la vehemencia que le caracteriza, la sra.
Montero (Mª Jesús, no Lola ni Mariló)
ha imputado todo tipo de iniquidades y efectos perversos a la propuesta del Ministerio,
de la que llega a decir que es nada menos que “el inicio y la antesala del
desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud”. También se ha opuesto, como es
lógico, a integrarse en la central de compras, que supondría una mejora de la
gestión de los suministros sanitarios y el consiguiente ahorro de costes. "Hay otras alternativas
posibles" ha dicho, pero no las ha concretado.
Los que conocen la realidad de la sanidad andaluza,
sin embargo, pueden entrever cuáles son esas “alternativas”. Las deudas de la
comunidad con farmacéuticos, que han tenido que pedir préstamos para sobrevivir, con laboratorios -reclaman 1.348
millones de euros- o con las empresas de Tecnología Sanitaria –
estimable en unos 1.150 millones- no hacen más que aumentar. Según fuentes del Partido Popular, que cita porandalucialibre.es, la deuda
del SAS puede superar el 50% del
presupuesto de la Consejería para 2012, que es de 9.300 millones de euros, siendo escandaloso el importe de las facturas "guardadas en los cajones".
Por consiguiente, queda claro que la consejera no
quiere ni copago ni repago. Ni sanitario, ni farmacéutico.
Ni pensionistas, ni parados. Ni menores acompañados, ni militares sin graduación
de uniforme. Ella tiene una receta, médica por supuesto, mucho
más simple y más barata. Su alternativa al copago o al repago es… el impago. Y echarle mucha cara al asunto.
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