Por
ejemplo, en una sociedad como la actual, que no es la del siglo XIX, en el que
las asociaciones obreras estaban incluso prohibidas durante largo tiempo, sino
que existe plena libertad para su actuación y expresión, los llamados piquetes “informativos” en las
huelgas deberían estar totalmente proscritos. Los sindicatos convocantes de la
de mañana han tenido tiempo y medios más que sobrados para informar a todos los
trabajadores sobre la convocatoria, sus motivos, la forma como pueden ejercer su
derecho, etc. Hoy día a la gente se le informa a través de los medios de
comunicación, las redes sociales…Incluso las calles de mi barrio están suficientemente
emporcachadas con todo tipo de cartelería, mucha de ella poco menos que
incendiaria. Nadie necesita que mañana le informen que hay una huelga y por qué.
¿Se imaginan que el día de unas elecciones hubiera piquetes informativos de los
partidos políticos recomendando el voto? ¿A que es inconcebible? Pues aquí
debería ser igual. Porque los piquetes informativos son realmente coactivos,
aunque sólo sea por la vía de la intimidación. ¿Es o no es violencia el que los
trabajadores o los clientes de determinados centros comerciales sean insultados
por un grupo de sindicalistas como ocurre con frecuencia en estos casos?¿Es o
no violencia el que quinientos individuos se pongan delante de una cochera,
impidiendo aunque sea con su sola presencia el normal funcionamiento de los
servicios de transporte? En las últimas horas he oído a alguien justificar la
existencia de los piquetes por el hecho de que hay empresas que obligan a
trabajar a sus empleados. Si esto es así, lo que tienen que hacer esos
trabajadores es denunciar a ese empresario, y no tomarse la justicia por su
mano, porque eso no está permitido a nadie en un Estado de Derecho. Tampoco a
los sindicatos.
Otra
cuestión es la de los servicios mínimos. Aunque es una vieja aspiración
sindical la de que la fijación de los mismos sea siempre negociada, lo cierto
es que nuestra legislación vigente atribuye dicha competencia en exclusiva a la
autoridad gubernativa. De ahí que aunque sea habitual un proceso de negociación
previa, es a la autoridad competente a quien corresponde establecer los
servicios mínimos, que son aquellos tendentes a garantizar el ejercicio de
otros derechos fundamentales también reconocidos en la Constitución, al igual
que el de huelga. Pues bien, estamos ya acostumbrados a oír que los sindicatos
convocantes no se van a responsabilizar del cumplimiento de aquellos servicios
que ellos no hayan pactado. Es decir, amenazan con no cumplirlos. Es decir,
amenazan con no cumplir la ley, la misma ley en que ellos se amparan para el
ejercicio de su derecho. Eso sí, dicho de una forma sibilina, como corresponde
al lenguaje mafioso, que no debería ser utilizado por nadie en la vida pública.
Tampoco por los sindicatos.
Por
último están las amenazas sobre lo que ocurrirá si no se atienden las
reivindicaciones de la huelga. Ya he escrito en otra entrada de este blog cuáles
son las limitadas aspiraciones que legalmente puede tener una huelga política
como la que nos ocupa. Pero nuestros sindicatos mayoritarios también parecen
saltarse este pequeño detalle a la torera, y ya advierten de los grandes males
que nos esperan y de la escalada de conflictividad social si el Gobierno no
rectifica su postura. En una sociedad democrática, los ciudadanos no estamos
para chantajes de nadie. Tampoco de los sindicatos. Así es que ya está bien de
tanta expresión “perdonavidas” por parte además de unos líderes sindicales que
son corresponsables de la calamitosa situación económica que atravesamos tras
tantos años de complacencia con las políticas que la han causado.
Con
todo esto lo que se crea es un clima en el que la gente que no quiere
problemas, simplemente se quedará en su casa por este motivo, no porque apoye a
los convocantes. Por eso toda huelga que se desarrolle en estas condiciones es
una huelga tramposa. Por eso el gobierno hará bien en hacer oídos sordos a la
algarada, sean cuales sean las cifras que se esgriman, y seguir adelante con
las reformas que son necesarias para sacar al país de la situación en que se
encuentra.
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