Mis
compañeros del Consejo Económico y Social de Sevilla aprobaron
recientemente, por ajustada mayoría de 21 votos a favor frente a 19
en contra, el preceptivo dictamen sobre el proyecto de ordenanzas
fiscales del Ayuntamiento para el ejercicio 2015. En dicho dictamen
se contienen, sin fundamentación fáctica alguna, dos afirmaciones
primordiales que marcan su contenido y motivan mi comentario. La
primera dice que “el notable incremento de la carga distributiva de
los sevillanos...de los ejercicios 2012 y 2013 ...globalmente y salvo
excepciones no han sido absorbidos con las Ordenanzas de 2014 y las
previstas para 2015”. La segunda dice que “la suavización de la
presión fiscal ha ido encaminada al tejido empresarial de Sevilla,
pero globalmente no hacia el resto de la ciudadanía”. Como era de
esperar, algún portavoz de la oposición municipal utilizó
posteriormente los mismos o similares argumentos en el Pleno de esta
semana en que quedó, a su pesar, aprobada inicialmente dicha
normativa. Esta lectura, meramente voluntarista y política según se
ha denunciado en el voto particular emitido por la CES y al que se
han adherido otros consejeros, es la que ha propiciado la ruptura y
la división en el seno del Consejo, que en los últimos años solía
venir alcanzando acuerdos de consenso en sus dictámenes.
La verdad,
sustentada en datos, es que cuando realmente subieron los impuestos
municipales en Sevilla, y lo hicieron de una forma desmesurada, fue
en el periodo 2007-2011. Según información facilitada por la
Agencia Tributaria, el recibo medio del IBI en 2007 se situaba en el
importe de 291,86.-€, mientras que en 2010 llegó a alcanzar los
354,53.-€, descendiendo en 2011 a 350,34.-€. Es cierto que en
2012 y 2013 subió a 385,02.-€, por las razones que después
veremos, pero en 2014 y 2015 bajan a 335,15.-€. Por consiguiente
es claro que por este tributo, probablemente el más generalizado de
entre los locales y el que más se nota en nuestros bolsillos, los
sevillanos pagaremos menos no sólo que en 2013 y 2012, sino menos
incluso que en 2009. En el impuesto de plusvalías (por incremento
del valor de los terrenos) los mismos datos arrojan que al final del
anterior mandato había experimentado un incremento del 10,22% , al
final del presente habrá descendido un 1,66%. En el ICIO, que grava
la actividad de la construcción, en el año 2008 el tipo pasó del
2,88 al 4 por ciento, lo que supone una subida del 38,8%, y así se
ha mantenido hasta que en 2014 se ha bajado al 3,75, que se mantiene
para 2015. Por no hacerme pesado con las cifras referiré como último
ejemplo el del IVTM (circulación para entendernos), que para los
turismos, en el mandato anterior subió un 7%, mientras que en el
presente baja (salvo para las gamas altas) un 1,86%.
Pues bien,
los señores que regían nuestro Ayuntamiento hasta 2011 no sólo nos
subieron de esta manera los impuestos, sino que al marcharse dejaron
una deuda de más de 700 millones de euros que pesaba como una losa
insoportable sobre la economía del municipio. De manera que hubo
que hacer un Plan de Ajuste, y un Plan de Pago a Proveedores para
pagarles a quienes se les debía desde no se sabe cuando (porque
aunque algunos piensen que no, las deudas hay que pagarlas por ley, y
por decencia) y otra serie de encajes de bolillos, motivos por los
cuales, y en virtud del Real Decreto-Ley 20/2011 -norma por tanto
estatal- el IBI subió un 10% en 2012 y se mantuvo en 2013 hasta
bajar un 14,7 en 2014.
Por lo
tanto, nadie con seriedad puede decir que en los ejercicios 2014 y
2015 los impuestos en Sevilla no hayan bajado a niveles inferiores a
los que había en 2011 e incluso más atrás. Y si es cierto que en
2012 y 2013 se pagaron más impuestos por algunos conceptos se debe
explicar por qué y a quiénes se lo debemos. Por otra parte si han
bajado el IBI, fundamentalmente, y el IVTM, que son los más comunes,
es claro que la bajada ha beneficiado a los ciudadanos en general y
no sólo al “tejido empresarial”.
Pero además
esa bajada de impuestos, combinada con una gestión más austera y
una más eficaz recaudación, junto con un mayor énfasis en la lucha
contra el fraude y la evasión fiscal, no ha impedido mejorar los
ingresos, y al tiempo que se mantienen los servicios, reducir la
deuda al rango de los 460 millones de euros, haber salido ya
recientemente del Plan de Ajuste y colocar el periodo medio de pago a
proveedores en torno a los veinte días.
A Zoido pues
se le podrán achacar otras deficiencias en su gestión, en la que en
todo caso no se puede obviar el manifiesto y continuo boicot sufrido
en muchas de sus iniciativas por parte de la Junta de Andalucía,
pero desde el punto de vista económico , de saneamiento de la
hacienda municipal y de asentamiento de las bases que permitan la
continuidad de los servicios que la administración local debe
prestar a los ciudadanos, creo que sólo se puede
calificar de sobresaliente. Es cierto que aún se podría, y en mi
opinión debería, incidir más en esas rebajas fiscales, por
ejemplo, situando el tipo de IBI en el mínimo permitido, pero al
menos se está en esa dirección y no en la del descontrol del gasto
y el despilfarro que caracterizaron a corporaciones anteriores. Hay
por ahí quien dice que Zoido no ha hecho “nada” en estos ya casi
cuatro años. Pues para mí -dadas las circunstancias, y aunque por
supuesto no quiero decir que sea así- sólo con haber hecho esto ya
sería “bastante”, y creo que los sevillanos haríamos bien en no
dar la más mínima oportunidad para que vengan otros manirrotos a
machacarnos de nuevo con los impuestos o a dejarles la cuenta por
pagar a nuestros hijos o a nuestros nietos.
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