EL ARTÍCULO 118

El seguimiento de la trepidante actualidad informativa en nuestro mundo actual hace necesaria la continua renovación y mejora de nuestros conocimientos en las más variadas materias, especialmente en el ámbito de la economía y del derecho. No en vano hoy son muchos los que preconizan la necesidad del lifelong learning, esto es, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y no cabe duda de que tienen razón.

      Si hace un par de años por ejemplo, pocos eran los que sabían algo de esa pariente pelmazo, hoy conocidísima del gran público, que es la prima de riesgo -que por cierto, desde entonces ha adelgazado y se le ha puesto una cara algo más agradable- desde ayer, con el último auto dictado por la juez Mercedes Alaya en su instrucción del caso ERE, tenemos un nuevo saber en que ocuparnos, porque hará correr ríos de tinta, como es el contenido del artículo 118 (con su bis) de la Ley de Enjuciamiento criminal, así como la jurisprudencia y doctrina judicial que lo interpretan.

       Evidentemente, nadie que no sea profesional del derecho tiene ni pajolera idea de qué es lo que diga el referido precepto. Sin embargo a algunos, especialmente informadores y tertulianos, esto parece importarles poco, y se atreven a hablar de oídas y a emitir “fundadas” opiniones con más arrojo que vergüenza.

       No voy a entrar aquí en farragosas argumentaciones jurídicas. Mi mediático vecino de despacho universitario Fernando Álvarez-Ossorio andaba esta mañana pegado al teléfono intentando explicar a tirios y a troyanos los sutiles entresijos de la cuestión. En mi opinión el auto judicial está razonablemente fundado, lo cual no quiere decir que sea irrebatible, y trata con exquisita consideración a los afectados, a los que casi les pide perdón por hacer lo que considera que no tiene más remedio que hacer, en contra de lo que pudiera pensarse. Alaya no ha imputado ni a Chaves ni a Griñán, porque no tiene competencia para ello, ni ha solicitado que se haga, como repetidamente he visto escrito de forma errónea, pero sí ha advertido de esa posible futura imputación y les ha ofrecido la posibilidad de defenderse al constatar la existencia en la causa de suficientes elementos, sobre todo a raíz de las últimas diligencias practicadas, para pensar que el asunto pueda afectarles.

       Hablando en plata, lo que la Juez les ha dicho es que miren ustedes, como aquí hay gente que dice que ustedes estaban en el ajo, aunque a mi me queda todavía faena por hacer antes de, en su caso, mandarle el asunto al Supremo, si quieren ustedes vienen ya aquí y se defienden de la manera que estimen más conveniente, no vaya a ser que después me digan que les causo indefensión.

      Si estos señores fueran verdaderamente probos servidores públicos que no tienen nada que ocultar, deberían estar encantados de poder defenderse en sede judicial de las insidiosas interpretaciones que en medios periodísticos, políticos, y ciudadanos -inevitables por otra parte en una sociedad abierta- se hacen sobre sus responsabilidades en este turbio asunto, y de poder así colaborar con la justicia en su esclarecimiento, puesto que su versión fue siempre la de que fue la propia Junta que sucesivamente presidieron la que en su día puso en marcha la investigación de estos hechos. Si en la investigación han surgido inesperados indicios incriminatorios, que no obstante no se consideran todavía suficientemente contrastados como para elevar la causa a otra instancia, lo mejor será que los aclaren cuanto antes disipando toda sombra de duda sobre sus conductas antes de llegar a mayores. 

      No se entiende pues a qué viene tanta queja y tanto aspaviento en las filas socialistas, que han llegado a calificar la actuación judicial como “caza de brujas”, no sé si con doble sentido o no, o incluso a especular con la astracanada de la intervención de Zoido en la redacción de auto. A mi parecer, lo que esto demuestra es que verdaderamente existe el temor en el PSOE de que al final se les acabe desmontando el cuento de los “cuatro chorizos” (infiltrados, comisionistas y el chófer de la coca), que todavía es el que mucha gente de la suya lee. A lo mejor temen que esa gente acabe dándose cuenta de que en verdad este es el caso más grande de corrupción que haya habido nunca en España, y que, lo más grave, no es un asunto marginal sino que está en el epicentro del régimen que impera hace décadas en Andalucía: la utilización de dinero público a mansalva para servir no a los intereses de los ciudadanos sino a los de un partido político y sus satélites.