La
enseñanza concertada en Andalucía está sufriendo un ataque sin precedentes
–expresión que tanto le gusta utilizar a la izquierda- por parte de la Junta.
Primero fue la supresión de conciertos a los centros de educación diferenciada
–cuestión que merecería una reflexión aparte- y luego la eliminación de
unidades en otros diversos centros, a pesar de contar con sobrada demanda social.
El problema es grave –hasta los obispos han llamado la
atención sobre ello- porque la supresión de unidades hoy se traduce en la de
líneas completas en el futuro, y si esta tendencia se consolida, mañana pueden
ser más. La Junta dice basar su decisión en el descenso demográfico: hay, en
global, menos población a escolarizar, y consiguientemente la reducción de la
oferta tiene que venir por el lado de la concertada, sea cual sea la demanda
real que esta tenga por parte de los padres. Un planteamiento que pone en
evidencia que para los que mandan en la educación en nuestra comunidad –responsables
de las alarmantes tasas de fracaso escolar que padecemos, entre otras cosas- la
enseñanza concertada es una enseñanza de segunda categoría, una fórmula molesta
con la que hay que tragar cuando no se tiene más remedio, pero que a poco que
se pueda hay que eliminarla. Este es sin duda el planteamiento oculto del PSOE
y explícito –está en su programa- de IU.
A día de hoy la enseñanza concertada es la fórmula
–podría haber otras, pero esta es la que tenemos- que permite a los padres que
no somos ricos elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Los
padres tenemos ese derecho, y a que esa educación sea financiada con fondos
públicos, porque todos pagamos impuestos para ello. Es un problema que afecta
por tanto sobre todo a la libertad de elección de las familias, y
consiguientemente a la libertad de la sociedad en general, y así deberíamos considerarlo con
independencia de que nos afecte o no de manera directa y concreta.
La situación ha propiciado la creación de una
plataforma en defensa de la enseñanza concertada a la que se ha puesto el
ingenioso nombre de ESTAMOS DESCONCERTADOS. La expresión tiene evidentemente un
doble sentido. El primero haría alusión específicamente a los centros a los que
se pretende dejar sin concierto. El segundo al desconcierto que esta decisión unilateral
de la Junta les produce a algunos. A mi particularmente no me lo provoca. Era
lo esperable de un gobierno social-comunista, cuyo ideal debe estar cercano a
que el Estado sea el Único y Gran
Educador, como es propio de los regímenes totalitarios. Pero es que además eso
de que la enseñanza concertada es de segunda clase para la Junta no es nada
nuevo. Desde siempre la enseñanza concertada ha sido sometida a un régimen de
ninguneo, cuando no de acoso, por parte de las autoridades educativas
socialistas, manteniéndoles una financiación de mera subsistencia y de casi
asfixia económica. Desde siempre se ha impuesto que la enseñanza concertada no se
mueva más allá del 20% de la oferta educativa, cuando podía ser
mayor. Desde siempre se ha favorecido con
todo tipo de prebendas a la enseñanza pública, de manera que una plaza
pública llega a costar más del doble que una concertada, a pesar de lo cual los
colegios concertados siguen manteniendo altas cotas de calidad y gozando de la confianza de muchos padres como lo
demuestra su elevada demanda año tras
año. Por lo tanto, quien se sorprenda de esto es que se ha caído de un guindo.
Ahora la única novedad es que ya van a por todas, a eliminar la enseñanza
concertada si les es posible, porque la coyuntura lo propicia. El PSOE consigue
con ello contentar a quien le mantiene en el poder (IU) y al mismo tiempo abre
un frente más de confrontación, que es a lo único que la Junta se dedica
eficazmente desde hace dos años, con el gobierno central, promotor de una
reforma educativa que no les gusta.
Habría que plantearse por tanto si no una reforma
global del sistema, sí de cómo viene funcionando. El problema es que durante
demasiado tiempo las propias entidades titulares de los centros concertados han
venido condescendiendo con este tratamiento denigrante, con tal de no romper con ese poder que les
mantiene atenazados. Aún hoy me da la impresión de que muchos, víctimas del
síndrome de Estocolmo, todavía dudan. Y protestan, pero sin levantar mucho la
voz no vaya a ser que se enfaden los señoritos.
El problema es que los padres sólo nos preocupamos si les afecta
directamente a nuestros hijos, cuando es un asunto que concierne a las
libertades ciudadanas en general. Como en tantos otros campos ocurre, mientras
que la enseñanza pública cuenta con experimentados profesionales de la protesta
en su defensa, la libertad de educación sólo la defendemos torpes aficionados.
Parece como si tuviéramos mala conciencia y nos avergonzáramos de luchar por
nuestros derechos. De defender nuestra libertad. La libertad de una sociedad
que camina borreguilmente hacia el adocenamiento igualitarista.
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