HUELGA SIN SENTIDO

La huelga es un instrumento de presión de los trabajadores para la defensa de sus intereses profesionales. Habitualmente el destinatario de esa presión es el empresario. Pero en ocasiones también puede serlo el tercero de los actores intervinientes en nuestro sistema de relaciones laborales, cual es el poder político, o lo que es lo mismo, el órgano en que en cada caso este se encarna. Tal es el supuesto de una huelga general, en la que los trabajadores hacen frente  a determinadas decisiones de los poderes ejecutivo o legislativo.

La huelga general tiene por tanto indudablemente un carácter político y como tal, en mi opinión,  es un instrumento que pertenece más bien al s. XIX, cuando los trabajadores, en sistemas de sufragio censitario, no tenían reconocidos derechos políticos, o cuando determinadas corrientes ideológicas pretendían utilizarla como un arma al servicio de la revolución. Hoy día tiene menos sentido en los sistemas democráticos,  en los que la totalidad de los ciudadanos expresan su voluntad en las urnas confiriendo plena legitimidad para la toma de decisiones políticas a los representantes elegidos a tal fin.

Con todo, vaya por delante que las huelgas políticas también son admisibles, siempre que exista un interés laboral en juego. En este sentido, en la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT para el próximo 29 de marzo concurre indudablemente ese interés profesional, al tener como pretexto la reforma de la legislación laboral recientemente acometida.

Ahora bien, tampoco se puede olvidar que el ejercicio del derecho de huelga aplicado con esta finalidad sólo puede tener unos objetivos bastante limitados. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones  sobre la legitimidad de la huelga general en apoyo de reivindicaciones en que  pueda apreciarse la existencia de algún interés profesional. Pero al mismo tiempo tiene dicho 

...que la prohibición de huelgas tendentes a ejercer presión sobre el Gobierno y carentes de motivos profesionales no menoscaba la libertad sindical y que las huelgas puramente políticas no caen en el ámbito de aplicación de los principios de la libertad sindical.

Como consecuencia de ambas premisas, el propio Comité concluye

“ que los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar, en caso necesario,…, su posible descontento sobre cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros, siempre que tal acción se limite a expresar una protesta y no tenga por objeto perturbar la tranquilidad pública.”

Por consiguiente, el objetivo de este tipo de huelgas debe limitarse a mostrar el descontento, nunca a pretender doblegar la voluntad del legislador, que en un sistema democrático es el representante de la soberanía nacional.

Con tales premisas se me antoja que la huelga convocada por las centrales mayoritarias en nuestro país carece por completo de sentido. En nuestras actuales circunstancias, cuando hace bien poco la totalidad de los ciudadanos mayores de edad hemos tenido la oportunidad de elegir la orientación política de nuestros gobernantes, y lo hemos hecho otorgando una sólida mayoría absoluta, no es previsible que el Gobierno de la nación vaya a sentirse intimidado por la protesta sindical. Sería tanto como reconocer que las algaradas valen más que las urnas. Por lo tanto, si el único fin lícito de la huelga general no puede ir más allá de expresar una protesta, habida cuenta de que dicha expresión no parece que razonablemente pueda tener efecto sobre el destinatario de la queja, se revela como una medida demasiado onerosa para la economía nacional en la situación casi de emergencia que vivimos, de la que por cierto, los propios sindicatos convocantes pueden considerarse corresponsables.

Pero si estos sindicatos lo ven de otra manera, adelante con la huelga. Están en su derecho y es su responsabilidad. Pero no se pretenda confundir las reglas del juego. Si el  Gobierno, a pesar de la protesta, considera, como es previsible, que debe seguir adelante con la reforma porque es lo que a su criterio conviene al interés general, para lo que cuenta con el debido  apoyo parlamentario, lo único esperable por parte de los sindicatos es la debida  lealtad democrática para, una vez celebrada su liturgia, ponerse a trabajar con el resto de los españoles que queremos sacar esto adelante. Otra actitud, como la persistencia en la escalada de tensión y de conflictividad, podría empezar a no estar amparada por el derecho.