SOLO FALTA LA STASI

La disparatada situación que estamos viviendo en la cinco veces centenaria  Universidad de Sevilla en estos días de “parón” es buena muestra de cómo determinadas libertades colectivas, mal entendidas, son contrarias e incluso incompatibles con los derechos y las libertades individuales.

En su día, los revolucionarios franceses vieron este peligro y declararon  la interdicción de los fenómenos asociativos (edicto Turgot,  Ley Chapellier), recelosos del efecto que estos podían tener sobre los recién conquistados derechos de la persona. Desde nuestra perspectiva actual resultan chocantes estas prohibiciones, pues el derecho de asociación y de actuación colectiva están ampliamente reconocidos desde las más amplias esferas de los derechos humanos, hasta el concreto ámbito laboral y en otros muchos. Pero una cosa es que los individuos libremente se organicen para la defensa de sus intereses grupales, y otra cosa es que de esa actuación concertada pueda derivarse la anulación del derecho individual.

Esto último quizá sea permisible en un régimen político de tipo colectivista –que tanto parecen añorar algunos-, pero en un sistema democrático liberal –únicos adjetivos que casan bien entre sí sin hacerse daño-  no puede ser así.  Ningún acuerdo colectivo por mayoritario que sea puede ir en contra de  derechos individuales básicos.

Por eso, en nuestros ordenamientos laborales, se defiende tanto la libertad de sindicación, como también lo que conocemos como el “derecho de afiliación negativo”, esto es, el derecho a no afiliarse a ningún sindicato, sin que ello pueda tener consecuencias negativas para quien así lo decida. En cuanto a la regulación del derecho de huelga, tanto ha de respetarse este como el derecho al trabajo de los trabajadores no huelguistas.

En la Universidad de Sevilla hoy asistimos a una situación en que al amparo de una delirante regulación –un reglamento interno de una universidad pública que permite la conculcación de derechos constitucionales-, y con la ayuda de una  permisiva actitud por parte de las autoridades académicas –que no han puesto celo alguno en el control del cumplimiento de los requisitos exigibles por la propia norma-  nos encontramos con que por la acción de unos cuantos agitadores y manipuladores profesionales se tiene secuestrada a toda la comunidad universitaria que no puede ejercer libremente sus derechos,  mientras ellos juegan a la revolución con sus encierros y sus cositas.

Tenemos el ejemplo de la vecina UPO, en la que se dice que el seguimiento del paro, de carácter voluntario,  ronda el 56%. Es decir, muy escaso si descontamos el volumen habitual de inasistencia a las clases.

Aquí sin embargo no pueden impartirse clases, ni realizarse evaluaciones, ni siquiera tener  tutorías. Paradójicamente las bibliotecas sí siguen abiertas. Es decir, que lo que básicamente se impide es la actividad de contacto y comunicación profesores-alumnos, algo que creo pertenece incluso a la esfera más íntima de los derechos de la persona. ¿Puede ser peligroso que me vean hablando con algún alumno,  no vaya a ser que se interprete como una  violación del “parón”? Dice hoy el periódico que algunos los hacen clandestinamente. Yo no me atrevo. Sólo falta la Stasi acechando por el campus.