El de los ERE es un fraude masivo, inmenso,
descomunal, en el que las arcas de los dineros públicos han sido saqueadas por
los dirigentes de la Junta de Andalucía con el objetivo de mantener la paz social, favoreciendo de paso a los amiguetes, que es uno de los ingredientes básicos –otro es el
de la manipulación desinformativa permanente de los medios de comunicación
afines- de su pócima mágica para
conseguir el mantenimiento eterno en el poder.
La imagen de la felicidad infinita que proporciona el
régimen socialista andaluz –Andalucía imparable, la cuadragésima modernización,
etc- no podía verse perturbada por la ruidosa algarabía que habitualmente
generan los conflictos laborales asociados a los procesos de restructuración de
plantillas de empresas en crisis. Allí donde una situación de conflicto laboral
podía estropear esa imagen, aparecían los mediadores y conseguidotes para,
prescindiendo de cualquier procedimiento de publicidad y concurrencia en el
otorgamiento de ayudas, favorecer a los agraciados de forma arbitraria con la
manguera del dinero del poder. Lógicamente a cambio de sustanciosas comisiones
cuyo destino final está aún por descubrir.
Nótese que si al tendero de la esquina le iban mal las
cosas y tenía que despedir a alguien, debía arreglárselas por su cuenta, porque ese tipo
de problemas no producen ruido. Para este no había ayudas. Estas sólo eran
proporcionadas a empresas medianas y grandes, que son las que tramitan ERE, dado el número de trabajadores afectados.
El volumen del asunto y la extensión de la corrupta
práctica en el tiempo son tan grandes que nadie con sentido común puede dudar
de la implicación –por acción o por omisión- de los más altos cargos de la Junta en el
asunto, de la cual vamos conociendo sólo gracias a la ímproba y casi heroica
labor de una sola persona como la juez Mercedes Alaya, a pesar de la constante
resistencia y ocultación de la administración.
Llegados a este punto no sé muy bien qué sentido tiene
ya que el Parlamento de Andalucía investigue las responsabilidades políticas
del fraude. En parte creo que estas han
sido ya dilucidadas. La mayoría de los andaluces han preferido continuar
conviviendo con este sistema de corrupción antes que dar una oportunidad a un señorito de la derecha. Es lo que hay. Aquí
ya lo único que valen son las responsabilidades penales. A lo mejor llega el
día en que haya que celebrar un Consejo de Gobierno en la cárcel, y aún así
Griñán seguirá diciendo que el no tiene nada que ver con el tema. Y lo que es
peor: serán muchos los que sigan sin ver esa viga, siempre ocupados en buscar
la paja en la alternativa.
Por eso me parece que la recién creada comisión de
investigación es perfectamente prescindible. Y sobre todo sería perfectamente evitable
la doble tomadura de pelo que supondrá el fraude de la comisión sobre el fraude
de los ERE. Esta comisión para lo único que servirá es para que IU lave ante su
militancia sus vergüenzas por apoyar a los responsables de la corrupción a la
que antes tanto, y tan de boquilla, combatió. ¿O es que alguien piensa que una
investigación dirigida por PSOE e IU, tan responsable el uno como cómplice la
otra desde que comparte tareas de gobierno, va a arrojar algún tipo de luz al
respecto? Por si acaso los
investigadores-investigados ya se han asegurado que su trabajo tenga la menor
repercusión posible, no vaya a ser que haya sorpresas: un par de semanitas en
pleno verano, reparto equitativo de comparecientes –a ver si conseguimos que
parezca que al final el responsable del fraude es el PP- faenita de aliño con
el personal pensando más en las vacaciones que en otra cosa, y si hubo
algo, pelillos a la mar. Cubierto el
expediente, cumplido el trámite a que
obligaban algunas molestas promesas electorales, a seguir disfrutando del idilio “progresista”
que tan buenos réditos les reporta a ambas formaciones. Encima, a poco que se
les de bien, incluso sacarán pecho y e intentarán dar lecciones.
Tan previsible todo, tan aburrido, que dudo incluso
que haya merecido la pena haber escrito sobre ello.
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